En este artículo, Cheap and lethal, publicado en agosto 27 del presente año en la revista de The Economist, se trata a groso modo de un tema recurrente en las noticias nacionales, pero que al ser tocado en una revista de tanto prestigio a nivel mundial me ha llamado la atención.
Tan solo desde el año 2000 las minas antipersonales han dejado en Colombia más de 7.000 afectados, tanto heridos como muertos, pues, de acuerdo a datos entregados por el Ministerio de Defensa, casos como el de Boquerón, Antioquia, representan la situación que se vive en cerca del 60% de los municipios de Colombia; en dicho municipio el único sendero que los comunica con el pueblo más cercano ha sido testigo de los efectos de las minas en 15 civiles y más de 45 soldados durante los últimos cuatro años.
Pero el problema radica principalmente en que cada vez se están instalando más de estas mortales armas, no sólo por su bajo costo (están hechas principalmente de fertilizantes y materiales de construcción), sino también porque efectivamente cumplen con su objetivo inicial: detener e intimidar al ejército colombiano.
Del mismo modo, las cifras son cada vez más desalentadoras pues hace cuatro años los doctores del ejercito trataban alrededor de 15 heridos de minas antipersonales cada mes, en la actualidad la cifra no desciende de 43. Por otro lado, el Ejercito Nacional de Colombia ha establecido seis pelotones especializados en la radicación de dichas minas, pero como es lógico no es suficiente para acabar con las aproximadamente 100 mil minas que se encuentran sembradas actualmente en todo el país.
Los departamentos que se ven más afectados por las minas antipersonales son Antioquia, Meta, Bolívar, Caquetá, Cundinamarca, Santander, Arauca, Norte de Santander y Cauca y su uso se extiende a cerca del 50% del territorio colombiano. Entre el 1 de enero y el 2 de julio del 2009 se habían registrado 156 víctimas de estas minas (18 muertos y 138 heridos) y como si no fuera poco, durante la redacción de este artículo, cuatro militares en la zona rural de Montería, Córdoba, fueron alcanzados por las conocidas minas quiebra patas.
Para acabar de complicar las cosas, Colombia está incluido dentro del tratado de Ottawa, tratado que impide a las fuerzas militares de los países pertenecientes, hacer uso de minas antipersonales como armamento militar. Obviamente, grupos guerrilleros y terroristas, como lo son las FARC, hacen caso omiso de dichas políticas y sin importar que sus víctimas sean civiles o militares, plantan estas armas mortales con tal de llevar a cabo sus planes.
En mi opinión, aunque el artículo trata un tema que ni siquiera debería existir, veo algo bueno en él y es que la prensa mundial y las demás naciones del mundo se están dando cuenta de quiénes son realmente las FARC y los están viendo como lo que son: terroristas violadores de los derechos humanos, y no como la izquierda necesaria para la una verdadera democracia o como un grupo alzado en armas que busca la justicia y la equidad para el pueblo colombiano.
Creo que para personas afortunadas como nosotros es difícil imaginar la angustia que invade a una madre campesina cada vez que sus hijos se van a la escuela o a jugar en la quebrada, sin que nadie asegure que cuando lleguen no tengan una o las dos piernas desprendidas de su cuerpo o que peor aún, no alcancen a llegar a su hogar, pues la hemorragia y el dolor les pudo más y los llevo a una inevitable muerte. O más difícil aún nos resultaría entender en una milésima parte la preocupación que viven los heridos para poder conseguir una prótesis que pueda reemplazar en algo las funciones de su arrancado miembro.
Pero como no todo es malo en esta tierra de todos y a la vez de nadie, programas como el Programa Presidencial para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal de la Vicepresidencia de la República o como + Arte – Minas son la muestra que las víctimas o posibles víctimas de tales atrocidades no se encuentran completamente solos en una batalla que tardará unos cuantos años o incluso décadas en erradicarse definitivamente.
